Las raíces de la inseguridad ciudadana en Costa Rica deben buscarse, necesariamente, en la acción política de los gobiernos durante las tres últimas décadas. Este país, que no ha logrado superar un 18% de pobreza, según las estadísticas oficiales, pero que sin duda alguna podría ser mayor. Un acontecimiento que marca un cambio es el lanzamiento de los Programas de Ajuste Estructural, PAE, durante la administración de Luis Alberto Monge. Durante la administración Carazo Odio (Q. d. D. g.) en una crisis económico producto del aumento en los precios internacionales del petróleo, la baja en los precios del café, así como los desacuerdos mantenidos por la administración Carazo con el Fodo Mnetario Internacional. Esto sirvió de pretexto a los
Liberacionista para implementar una campaña que a todas luces dejaría a futuro una economía aún más dependiente, acudiendo al crédito internacional y esbozando los planes de privatización que poco a poco se han ido concretando, con sus diferentes matices, durante los subsiguientes gobiernos. Es de destacar un decreto que emana de la Administración Monge Álvarez en torno a su antecesora, cual era aquel que invitaba a los ciudadanos, aún de forma anónima, a plantear denuncias sobre situaciones de corrupción durante la administración Carazo Odio. Durante los cuatro años siguientes, no se presentó, sin embargo, ninguna denuncia contra la administración Carazo Odio, que involucrara alguna situación de corrupción. Muy por el contrario, la corrupción durante la administración Monge Álvarez se hizo presente. Tan sólo, hemos de record
ar el caso del Fondo de Emergencia, un escándalo más que todo mundo olvidó. Así las cosas, los famosos PAE, abren portillos para que se susciten una serie de acontecimientos que irían minando una serie de garantías que el mismo PLN habría impulsado décadas atrás. Poco a poco se genera un deterioro importantísimo en las instituciones públicas tales como la Caja Costarricense de Seguro Social, que se volvió un verdadero botín para muchos, pues la salud es un tema que va más allá de las capacidades económicas. El Instituto Costarricense de Electricidad y el sector comunicaciones en general, igualmente despiertan el apetito y los intereses de los capitalistas, nacionales e internacionales, después de haber tenido un desarrollo importantísimo, que lo coloca a la cabeza de sus similares en América Latina. Así, en la primera administración de los Hermanos Arias, ya se comienzan a denotar situaciones irregulares en torno a este hecho con la venta ilegal de frecuencias celulares a la empresa Millicom, y que, igualmente, ha caído en el olvido para los costarricenses. La administración Calderón Fournier y la administración Figueres Olsen ahondaron las dif
erencias y se caracterizaron prácticamente por una disminución en la inversión social. Don Miguel Ángel Rodríguez y su suscesor Abel Pacheco, igualmente, no presentan políticas sociales claras y definidas que expresadas en las políticas económicas, solventen las situaciones de ensanchamiento de la brecha social.En síntesis, el deterioro de los mecanismos de distribución de la riqueza que han permitido un aumento en los índices de pobreza se podrían citar como el precedente número uno en términos del aumento de la inseguridad en nuestro país. Sin embargo, no es el único factor. Y tal vez no es el más importante, pues sí así lo fuera caeríamos en una suerte de criminización de la pobreza que es precisamente lo que desean muchos de nuestros políticos. La inseguridad como problema social, trasciende situaciones atinentes a la estratificación social. A su lado, la implementación de un modelo neoliberal de "desarrollo" económico, implicó también una transculturalización acelerada que permeó valores (¿contravalores?) que facilitan, promueven y estimulan la corrupción. Así, parece válido, entonces, una forma de vida donde priva las
posesiones, la acumulación, y el dinero como intereses primordiales para acceder a formas de vida consumistas, donde prevalcen estos valores ante el de la vida misma. Una política migratoria laxa y descuidada es otro de los factores que ha permitido el acelarado deterioro de nuestra sociedad. En este sentido, no es cierto que la educación sea el factor que permita solventar todas estas situaciones, pues el desempleo, en aumento en nuestro país, no augura nada promisorio en este sentido. Sí bien es cierto se requiere una mayor inversión en el sector educativo, recientes afirmaciones del actual presidente Óscar Arias Sánchez en torno al tema, no resultan del todo convincentes, pues al lado de esta mayor inversión en materia educativa, se requiere una política económica en la que prive la equidad y dirigida a trastocar profundamente los mecanismos de distritubución que actualmente promueven la capitalización por parte de los grandes empresarios y deja las puertas abiertas para la fuga de grandes capitales a través de la inversión extranjera directa, que ciertamente genera empleo, más implica una fuga importantísima de divisas.
neoliberales que se han implementando durante las tres últimas décadas donde los políticos deben buscar el gérmen de la inseguridad que vive nuestro país en la actualidad. Ahí y en ninguna parte más, pero en el reino de las vanidades es imposible mirar más allá del espejo que refleja las caras de los políticos que no ven más allá de sus narices y que serían incapaces de aceptar que esta es la Costa Rica que han construido. Un cambio no basta. No bastan más cárceles, ni leyes represivas, eso es lo que hace menos falta. Eso es relativamente fácil. Sin embargo, no se vislumbra en ninguno de los candidatos o candidatas que figuran como aspirantes a la corona de este reino insulso, la valentía y la entereza necesarias para plantear las medidas que en verdad amerita nuestro país.











































